PRECIO PARA LA PAZ

En menos de una semana, se han producido diversos acontecimientos que pueden marcar la vida política de España. Y en todos ellos la intervención del Presidente parece que ha sido crucial, tanto en un sentido como en otro. Si al principio de la semana, nos sorprendía la decisión de una Juez de suspender cautelarmente la OPA de Gas Natural, al día siguiente casi, se aprobaba en Comisión el proyecto de Estatut para Catalunya. Y cabalgando entre ambos eventos, se anunciaba por la Comisión Europea su desagrado por la negativa del Gobierno socialista a dar respuesta a su requerimiento sobre la OPA de E.ON, para, finalmente, llegar al clímax representado por el comunicado de ETA, anunciando la tregua permanente a partir del viernes próximo. Es decir, que mientras el país se sorprende con la actuación de una Juez, elevándose por encima de los intereses del Gobierno, mientras otro Juez se atreve a anunciar la posibilidad de decretar la cárcel para Otegi por haber infringido su libertad condicional, y mientras el Fiscal o el propio Rodríguez Ibarra, son partidarios de aflojar la presión de la Ley sobre el entorno de ETA, viene ésta y pone sobre la mesa del gobierno y de todos los españoles de bien, sus condiciones, sus requisitos y sus exigencias para que se den las circunstancias que permitan una tregua permanente. Con tal anuncio, de repente, ni la OPA, ni Gas Natural, ni la Merckel, ni el Juez Grande Marlasca, ni el bodrio jurídico que es el Estatut aprobado en Comisión tienen ya importancia. A partir del miércoles presente, a las 12, 30 horas, lo único importante es ETA y su comunicado.
Semanas atrás, deteníamos nuestra atención en el trasfondo de una posible tregua, o pausa en la acción violenta del grupo terrorista. Y nos fijábamos en la dificultad que entrañaba cualquier movimiento del Gobierno socialista, encaminado a lograr un acuerdo dialogado con la banda terrorista. En estos momentos, no ha cambiado ni un ápice ese sentimiento, muy al contrario, se ha incrementado llegando casi a un estado de frustración. Detrás del comunicado no hay nada nuevo, sino que es la repetición de toda la supuesta causa de la muerte de cientos de ciudadanos que durante estos últimos cincuenta años han ido dejando su reguero de sangre, merced al tiro en la nuca, o a la bomba lapa, o al explosivo indiscriminado surgido de la mente sanguinaria y vil de unos supuestos gudaris vascos. Los asesinos de ETA, siguen aspirando exactamente a lo mismo para lo cual se constituyeron en grupo armado por allá los años 60, y si antes lo hacían con la parabellum en la mano, apuntando a la nuca de Miguel Ángel Blanco, ahora lo hacen, con las metralletas encima de la mesa, sin ningún resquicio ni al arrepentimiento, ni a su desarme, ni a su reconocimiento de ser unos viles asesinos, en vez de patriotas libertadores de Euskal Herria.
ETA, en su comunicado, principia anunciado su decisión de optar por una tregua permanente y a partir de tan escueta intención, al hilo casi del acuerdo adoptado a instancias del Grupo Socialista hace un año en el Congreso, desgranan sus voluntades de acuerdo, de condición, de reconocimiento. De principio, el escenario de su lectura ya no puede ser más esclarecedor. No fue leído a cara descubierta, ni con el rostro sonriente, al contrario, cubiertos por un pañuelo blanco y la chapela típica, en euskera, detrás de una mesa, con las banderas de Euskadi y Navarra detrás de ellos. He ahí la primera condición; ETA reivindica tanto el País vasco, como toda Navarra. No ha rebajado ni un adarme su pretensión, como tampoco ha reducido un tomin su ansia de reconocimiento de toda Euskal Herria, incluyendo el Iparralde francés. La primera duda que nos asalta es el intuir qué hará el gobierno socialista ante esa agregación de territorios que pretenden los gudaris vascos, a cambio, naturalmente, de la paz perpetua, se supone. Sin embargo, si el escenario ya era tétrico, propio de criminales cobardes, la retahíla de requisitos impuestos desde esa mesa de negociación, no puede ser más diáfana.
ETA, antepone el derecho de autodeterminación del pueblo vasco como primera medida a respetar por el Gobierno español. El supuesto derecho de decisión del pueblo vasco, debe ser impulsado y reconocido desde el gobierno español, pasando, forzosamente, por la aceptación de todas las opciones políticas que se desarrollen en Euskal Herria, lo cual es tanto como decir, que el pueblo vasco tiene derecho a la independencia, sin más, y que Batasuna o cualquier otra opción política que se cree ha de ser reconocida como válida, independientemente del fin que persiga. Es decir, ETA fija su decisión de tregua permanente, y a continuación exige el reconocimiento al derecho de decisión del pueblo vasco y a la legalización de Batasuna. Hasta aquí el primer plazo del precio político a pagar.
Por descontado que, exige una respuesta positiva de parte del Gobierno español, ante la generosa oferta desparramada desde una mesa ocupada por encapuchados. O sea, mientras lo españoles vamos con la cara descubierta, siendo fácilmente reconocibles por toda la ciudadanía, ellos, los supuestos defensores de la justicia y la libertad en el País Vasco, se esconden del resto de ciudadanos. Seguramente adoptan tal disfraz porque no tienen nada que esconder, ni asesinatos, ni explosiones, ni extorsiones, ni secuestros. Será por tan legítima causa, seguro. Y desde tal escenario macabro, exigen pasar a otro marco, el que permita al pueblo vasco el reconocimiento de esos derechos que dicen les corresponden. Unos derechos que, surgidos desde la voz popular, deberán ser aceptados y respetados por todo el resto de ciudadanos, incluido el Estado Francés. Se trata, en suma, de recuperar el referéndum de Ibarretxe, y, previamente, aceptar el gobierno socialista, tanto su convocatoria, como su celebración y su resultado. La pregunta surge inmediatamente; ¿aceptará ETA un resultado negativo para sus intenciones e intereses? Es más que dudoso que, quien ha acompañado todo su discurso con el retumbar de las pistolas y las bombas, esté dispuesto a aceptar una decisión democrática del pueblo que dice representar, y al cual solicita se involucre en la configuración de ese nuevo marco. Su exigencia no tiene límite, habla de Justicia, de paz, de derechos, de democracia, pero solicita que no se le siga aplicando lo que la justicia, la paz y el derecho implican; la Ley. Para ellos la ley, no es sino una vertiente más de la represión, la cual no les resulta admisible ante su llamamiento a la concordia. Evidentemente, el Fiscal General del Reino, sr. Conde Pompidu, ya se ha apresurado a aceptar esa condición, aludiendo a la necesidad de reconsiderar el tratamiento a dar al asesino Otegi. En otras palabras, la concesión gubernamental por delante, sin trabas ni cortapisas, ni limitaciones, como desea ETA. Más plazos del precio a pagar por la paz perpetua.
Si espera ETA una respuesta positiva del gobierno socialista, también aguarda una participación activa de toda la ciudadanía, a la cual llama para su movilización. El próximo sábado, los ciudadanos del Pais Vasco están convocados a una nueva manifestación, que anule el mal sabor de boca dejado por la huelga general celebrada con escasísimo éxito. Esa circunstancia, junto con la aprobación del Estatut, parece que están siendo aprovechados para darle toda la trascendencia cívica que se supone la decisión de ETA va a significar. Una decisión que se antepone a cualquier limitación que pueda surgir tanto del Estatuto Vasco, como de la Constitución Española o de las decisiones judiciales. ETA no desea que su proceso se vea entorpecido con legalidades absurdas, su proceso está definido y no acepta ninguna condición desde la otra parte de la mesa. Para ETA, en el País vasco no se da una verdadera situación democrática, sino que debe buscarse una paz sustentada en la Justicia. Resulta como mínimo inaudito que sea la banda terrorista quien se autoproclame como paladín de la democracia y defensora de una paz, sustentada en la Justicia, cuando sus propios miembros con sus acciones rompen todo escenario democrático y tod respeto de la justicia, aplicando la condena del tiro a la nuca, el secuestro, la muerte por inanición o la extorsión más vil. Ese es el estado democrático que esta planteando ETA para el pueblo vasco, y al cual, se exige, deberá respetar el gobierno socialista.
Ante tales pretensiones, el sr. Rodríguez ha abierto la mano, con cautela ciertamente, pero recuperando ese inicio del principio del fin que tanto placer le dio. Si el Estatut de Catalunya, sobre el cual habrá que volver en alguna colaboración, viene a significar una absurda concesión a los nacionalistas, el comunicado de ETA, puede representar un gran salto en el vacío, siendo así que la prenda dada por ETA, en modo alguno viene a significar ningún avance, sino que coloca a todo el gobierno ante la verdadera realidad de un supuesto dialogo para la paz. En el momento que el gobierno se siente, y olvide que delante de él, al otro lado de la mesa, se sientan unos asesinos, habrá perdido la partida, y España algo más, mucho más; su dignidad como nación.
Y por descontado, la responsabilidad ante la Historia, no podrá ser superada con ninguna frase grandilocuente y solemne, ni evadida con ninguna sonrisa meliflua. Nos esperan días y momentos duros de vivir, aunque ciertamente los viviremos sin que el temor a la bala nos haga temblar en la decisión de defender lo que consideramos legitimo.
Parménides
22 marzo de 2006.