NUEVAMENTE GARZÓN
Y de pronto, el Juez Garzón regresa a las portadas de los periódicos, no por instruir, sino por ser instruido. Una novedad, sin ninguna duda.
Según el relato que especifica el Auto del Supremo, Baltasar Garzón fue invitado en calidad de Visitante Distinguido por el Centro Rey Juan Carlos I de España y por el Centro de Derecho y Seguridad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. El Tribunal detalla que «el Centro Rey Juan Carlos I de España asumió el pago de gastos de viaje por 21.152 dólares y la escolarización de la hija del aforado en la Escuela Internacional de Naciones Unidas por un importe de 21.650 dólares». Asimismo, el auto judicial especifica que el Centro Derecho y Seguridad «satisfizo al querellado la cantidad de 160.333,14 dólares en concepto de sueldo». En el Centro Rey Juan Carlos I Rey de España Garzón se encargó de la organización de las actividades denominadas «Diálogos Transatlánticos» y «Seguridad Jurídica», mientras que en el centro «Derecho y Seguridad» el magistrado participó en varios eventos y publicaciones e impartió varias clases. El Tribunal Supremo constata que el Banco Santander pagó 302.000 dólares a la Universidad mencionada para la consecución de dichas actividades, pero rechaza de plano que ese dinero revertiese directamente en el juez Baltasar Garzón.
Según se lee en algún blog "si tú me dices ven, lo dejo todo", fue la melódica frase con la cual cerró su conferencia en un acto académico-electoral en septiembre de 2007, en la Universidad de Nueva York, con la presencia de la candidata Cristina Kirchner, actual presidenta deprimida de la República Argentina. El detalle añadido es que, durante ese tiempo, el Juez de la A. Nacional estaba instruyendo causa criminal sobre la dictadura militar argentina. Evidentemente, la frase de cierre, por lo visto tenía su sentido. El Auto del T. Supremo, viene a esclarecer en alguna medida el por qué de tanto afecto a Nueva York y a su Universidad. Las evidencias que se desprenden de la lectura integra del Auto de febrero pasado son de una claridad meridiana. El mismo hecho de considerar el Alto Tribunal que debe dar traslado del expediente judicial al Consejo General del Poder Judicial, ya acredita, bien a las claras, que, imposibilitado jurídicamente de actuar por falta de indicios delictivos en los hechos denunciados en su día, sí tiene la obligación de dar cuenta de lo actuado al llamado Gobierno de los Jueces. Se trata, en resumidas cuentas, de instar la apertura de un expediente de información, primero, y de resolución después, acerca de una conducta que, prima facie, puede ser subsumible con la calificación de falta muy grave. Ya no solamente se referiría al hecho de haber amañado una licencia por docencia e investigación, huyendo con ello de la petición de excedencia, sino de haber ingresado unos emolumentos que serían incompatibles con su función de Juez, precisando de una licencia para el ejercicio de su declarada labor investigadora o docente. Emolumentos, para más inri, abonados tanto a él, como a su hija, en concepto de pago de matrícula en la Escuela Internacional de Naciones Unidas. O sea, no solamente el Juez cobró en efectivo por sus actividades, sino que, también lo hizo en especie, a semejanza del por él imputado Presidente Camps. Y en cuantía superior, según reza el Auto del T. Supremo.
Dicha resolución significa algo más que una derivación de competencia, implica que, para el Alto Tribunal está acreditado que el Juez Garzón incurrió en una conducta que puede ser objeto de instrucción disciplinaría por parte del G.G.P. Judicial. Da los hechos por probados, correspondiendo a ese Consejo su seguimiento, discernimiento y resolución. Estableciendo, además de todo lo dicho, cobro, incompatibilidad, licencia amañada, un punto de duda en esa misma actuación. Finalizado el periodo de licencia obtenido, el Juez Garzón venía obligado a aportar una memoria explicativa y justificativa de sus actividades docentes, investigadoras y de estudio, para poder percibir las retribuciones que como Juez le correspondían por el periodo de licencia en el cual no prestó sus servicios como tal. Y, efectivamente, según parece tal informe o memoria fue presentada al Consejo, y éste, la declaró bastante, en julio de 2006. Y a partir del relato de los hechos por parte del Auto repetido, cabe preguntarse cuál era el contenido de dicha memoria, siendo así que la conducta y actividades del Juez de instrucción, no se ajustaron a las condiciones de la licencia concedida. La pregunta salta inmediatamente; ¿cómo pudo justificar unos estudios, una labor investigadora, formativa y docente, si cobró por organizar eventos, impartir conferencias y editar publicaciones? Como mínimo surge la duda de si, como amaño la petición de licencia, también pudo amañar la justificación de sus reales actividades.
Según rezan las encuestas la Administración de Justicia está pesimamente valorada por los ciudadanos, los cuales cada día confían menos en ella. En estos momentos, según sea la decisión y actuación del Consejo General, tal valoración puede descender a cotas inimaginables, o por el contrario, ser un punto inicial de recuperación de un prestigio que difícilmente se puede lograr desde la chapuza o el corporativismo. El Consejo General se halla ante un verdadero reto, y sus miembros, con su Presidente al frente, deberán enfrentarse a él, y resolverlo, con la dignidad propia de sus cargos, pero también con la vista puesta en los ciudadanos que día sí día también, debemos acudir a la Justicia para resolver nuestros dilemas, y peticionar la defensa o reconocimiento de nuestros derechos.
Anónimo Veneciano
