SIN TEMPESTAD SOBRE MADRID

 Resulta francamente sorprendente para mentes españolas el que la nominación para Juez del Tribunal Supremo de los EE. UU., lleve consigo, como trámite previo y necesario, el pase del candidato, o candidata en este caso, por el Comité Judicial del Senado, compuesto de senadores demócratas y republicanos. Desde el lunes, Sonia Sotomayor, una latina, se está defendiendo del interrogatorio directo y sin tapujos de los senadores, en presencia de su madre puerto riqueña, presente en la sala 216 del Edificio Hart. No es una comparecencia especial de una posible miembro del T. S., sino un trámite repetido en todas las nominaciones a determinados cargos de la Administración norte americana. Aquella magnífica película de Otto Preminger, se refería al posible nombramiento de un Secretario de Estado, como podía haberlo hecho del Fiscal General. Es decir, que la democracia estadounidense, establece el filtro del poder legislativo para conocer de la idoneidad y preparación e imparcialidad de determinados cargos, como el de la candidata Sotomayor. En contrapartida, en nuestro país, la sorpresa sería que tales Comités existiesen y funcionasen por el bien del manido interés general. Nada de ello se da ni se le espera. Los magistrados del T. S., se nombran por pacto entre los principales partidos, estableciéndose cuotas de sillones según sean los resultados electorales; el Fiscal General del Reino es digitado por el Gobierno de turno, sin más requisito que ser persona de prestigio dentro del mundo del Derecho. Y dado el sistema jerárquico de la Fiscalía y su dependencia del Ministerio de Justicia, las dudas razonables sobre determinadas actuaciones surgen en forma reiterada. La politización de la justicia, o la judialización de la política si se prefiere, no solamente está presente día sí día también, sino que sus consecuencias son tan nefastas para el ciudadano que le llevan a fijar su más rotunda desconfianza en la Administración judicial. Dos ejemplos motivadores de tal desconfianza los hallamos en la anunciada obtención de una mayoría suficiente en el T. C. para dar salida al Estatut catalán de acuerdo con las necesidades políticas del Gobierno de R. Zapatero, y, en segundo lugar, en la decaída pretensión de la Fiscalía de imputar ante el T.S.J. de Valencia de unos terceros, Correa y demás, para ampliar el delito de cohecho que se endosa al Presidente Camps, por la dádiva de los trajes. En el primer caso, se va a tratar de un nuevo "convoluto" que debe pagar R. Zapatero para seguir contando con el blindaje de los republicanos independentistas por el resto de la legislatura. Es la aplicación, una vez más, de su teoría del trueque o venta. Todo para él tiene un precio que está siempre dispuesto a pagar, con tal de salirse con la suya, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Seguimos en la cuesta abajo en una pendiente que, forzosamente, nos llevará a la fragmentación de hecho de la nación, aproximándonos a un sistema federal mal parido y mal pergeñado. Es decir, la inseguridad total para el ciudadano. Una inseguridad que se trasluce en actuaciones como la rebatida por el Juez del T.S.J.V., al dar lecciones a los fiscales de cómo deben actuar, procesalmente hablando, para lograr una imputación a terceros que agrande los efectos del proceso para con unos políticos que están padeciendo de una carencia de adecuada estrategia más que notable. Pero, no esto lo trascendente, sino el leif motiv que impulsó la conducta procesal de la fiscalía. Una conducta guiada no por la búsqueda de la justicia, sino para la obtención de unos mayores efectos mediáticos del proceso. Y ello es una perversión del sistema, amén de una utilización torticera de la norma. En alguna medida, sin embargo, todo puede considerarse normal, natural. Si los jueces y fiscales no tienen que superar más prueba que su tendencia política, si tampoco deben rendir cuentas a la ciudadanía por su actividad, si ni tan siquiera tienen la reprimenda de su propio gobierno, difícilmente pueden solicitar y obtener la confianza y el respeto del ciudadano. El sistema está podrido desde el principio, y ningún gobierno ha asumido la responsabilidad de sanearlo, sino que, por el contrario, se han empeñado en descomponerlo más, para su propio beneficio. Por ello, resulta grotesco tanta referencia a Democracia y Libertad y Derechos Humanos, cuando el ciudadano de a pie, cuando llega a las puertas de la Justicia para dilucidar algún derecho, lo primero que se pregunta es a qué Juez le ha correspondido su causa o proceso. Este hecho, sencillamente, es la demostración de que no confía en que su causa será vista con imparcialidad, ni gozará de la neutralidad de juicio suficiente para sentir la garantía del Derecho. Y es que es imposible pensar que Henry Fonda interpretase una película con el título "Tempestad sobre Madrid". Imposible.

Anónimo Veneciano

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