UNA IMAGEN VALE POR…
Según los discursos en la apertura del año judicial de rigor, todo sigue su curso, con los aditamentos normales y habituales entre la Judicatura. Togas, collares, puñetas y medallas se distribuyen con magnificencia en los salones del Tribunal Supremo. No cabe duda que la parafernalia, la liturgia de la Justicia se mantiene en todo su esplendor, gozando de la presencia año tras año de aquel cuyo nombre se imparte justicia, el Rey. Y éste debe escuchar inmutable el gesto, año tras año, como los delitos aumentan, como los procedimientos se eternizan, como las luchas intestinas entre organismos se mantienen vivas, o como los supremos magistrados se lamentan de las distorsiones que pretenden provocarles los medios de comunicación. No resulta extraño, así pues, ese gesto, esa mirada como ausente del Rey, mientras Conde-Pumpido pide la promulgación de un artículo que le permita solicitar la disolución de los Ayuntamientos con presencia de ANV. El Rey está distante de las palabras del Fiscal General de su Reino, como también lo están esos ciudadanos a los cuales, rememorando al presidente musulmán B. Hussein Obama, se refirió al adjudicarles el cargo más importante en toda democracia, la ciudadanía. Una ciudadanía que contempla día tras día como los asuntos judiciales se acumulan en los Juzgados de instancia, como los señalamientos de producen obviando los plazos establecidos por la norma procesal, y como las ejecuciones de sentencias se prolongan hasta la insolvencia del condenado al pago. Más medios, más personal, más jueces, más Juzgados, anuncia el impertérrito Ministro Caamaño, sin referirse a mayor capacidad, mayor eficiencia, mayor productividad, mayor empeño, amén de un mayor reconocimiento al juez que, en algún juzgado ubicado en una ciudad de segunda, se quema las pestañas leyendo expedientes y dictando sentencias. Para este juez, el principio de oportunidad no existe, ni tampoco se mancha la toga con el polvo del camino. Para ese juez el ciudadano es no es un número de expediente sino el destinatario de la tutela judicial que le reconocerá el derecho que le pueda competer. O bien, le aliviará con sus diligencias, esa situación hiriente para la sensibilidad democrática producida por la conculcación de sus derechos. Aunque, con absoluta seguridad, ese magistrado no estaba sentado en los sillones del Tribunal Supremo. Por ello no pudo escuchar como el Presidente del T. Supremo y del C.G.P. Judicial aludía una vez más a la independencia del Poder Judicial, y a la libertad en la toma de decisiones judiciales. Aunque, posiblemente, lo hizo con olvido de la reclamación del Fiscal General, la cual, según indica su mirada, no parece merecerle entusiasmo. Como tampoco parece que se lo produzca al Ministro de Justicia, que, en su pose, semeja más predispuesto a salir en búsqueda del canapé que a seguir atendiendo los sucesivos parlamentos. Y es que, a fin de cuentas, 2008 nos ha brindado la incoación de 4.680.449 nuevos procedimientos, es decir, 161.000 más que el año anterior 2007. Que se deben acumular a los más de dos millones quinientos mil que se arrastran de este año anterior, pendientes de resolución. Cuando se leen tales cifras se comprende, perfectamente, que los actuales noticiarios de televisión sean una retahíla de asesinatos, robos, desapariciones, homicidios, muertes por accidente, etc. Un exponente televisivo de la tasa de criminalidad que alcanzó el año 2008 47,5 delitos o faltas por cada mil habitantes. Lo cual nos da una más que certera posibilidad de sufrir algún tipo de delito a 47 españoles de entre cada mil. Y mientras todo ello sigue aconteciendo a nuestro alrededor, la presidenta del T. Constitucional nos anuncia que para antes de las uvas (Año Nuevo, se supone) verá la luz la sentencia sobre el Estatut de Cataluña. Más de tres años, durante los cuales, el gobierno Montilla no se ha parado un solo día de aplicarlo sin cortapisa alguna, utilizando la doctrina de los hechos consumados con una diligencia impropia de un simple bachiller. Y es que la malicia no precisa de instrucción, cuando ha sido genéticamente adquirida. La pregunta surge inmediatamente; quién se instalará en la valentía de un Capitán Trueno para deshacer el camino recorrido por el Gobierno de la Generalitat catalana, retornando esos hechos consumados a la senda de la legalidad constitucional. Esta pregunta merece una respuesta gratificada con un montante superior al millón de euros. Aunque, estoy convencido que ninguno de los personajes de la imagen está intentando hallar esa respuesta. Sus elucubraciones mentales van encaminadas a otros menesteres, posiblemente más prosaicos, más domésticos, menos ciudadanos.
Anónimo Veneciano.
