OTRA VEZ LOS JUECES
Creo recordar que es el Talmud el que sentencia que desgraciada la generación que tiene que juzgar a sus jueces. Si non e vero, e ben trobato, diría el clásico. Y, sin duda alguna, existen en nuestra sociedad demasiados jueces que se entretienen en actuar y no se empeñan en tutelar. Dos casos salieron a la luz en el día de ayer; el siempre presente Juez Garzón, y el menos aparente Juez de Instrucción José Castro. El primero, gran estrella de la magistratura, con su techo de cristal cubierto de serias dudas, se ha visto inmerso en un problema de alcance más que político, y en un segundo, de cariz penal. Nos estamos refiriendo a la zapa tiesta provocada con el mandamiento judicial de traer a su comparecencia a los dos piratas somalíes capturados. Uno de ellos, ya está en Alcalá Meco, y el otro, en un hospital recuperándose de los balazos recibidos. La respuesta de los piratas somalíes no ha podido ser ni más contundente ni más lógica atendidas sus circunstancias; o pagan rescate y devuelven a los dos compañeros detenidos, o se acabó el secuestro del Alakrana, en forma trágica para su tripulación y familiares, obviamente. El brete en que ha metido al Gobierno y a los negociadores el magistrado no puede ser de más difícil solución. No se alcanza a comprender en base a qué argumento jurídico un ciudadano somalí imputado por la Justicia española no va a ser sentado en el banquillo y sí devuelto a su tierra árida y calurosa y por tanto liberado de toda condenado por un delito de piratería. Y mientras tanto, los piratas somalíes, que ya no son unos piernas, sino que emiten todas las trazas de haberse sabido pertrechar de armas, medios y estrategias, mantienen en distintos lugares a varios grupos de tripulantes vascos, y al barquito amarrado al costado de su lancha. Difícil papeleta para Moratinos, Chacón y Rubalcaba. Y en cuanto a la cuestión penal, el dictado de un mandamiento judicial que ha permitido intervenir las comunicaciones entre cliente y abogado, es de tal gravedad jurídica que no resulta extraño leer que se acusa a Garzón, lisa y llanamente de cometer un delito de prevaricación. Por lo visto y leído no se trataba de una autorización de grabación de alguna conversación, con presencia de un determinado abogado y su cliente Correa, sino de todas las conversaciones que el retenido Correa mantuviese con todos los abogados que le asistiesen. Una pretendida obtención a traición de información para inculpar a cliente y abogado de no se sabía qué clase de delito. Con independencia de que tal hecho no tiene precedente en la historia judicial española, socavando uno de los principios fundamentales que sostienen el Estado de Derecho, como es el de la defensa de todo imputado. La voz del Consejo General de la Abogacía española se ha dejado oír en un claro lamento y en una exclamación de denuncia del hecho que, desde su mismo inicio, puede ser calificado de delito. De no proseguirse con todas las denuncias, los recursos y las quejas, ante la más que presumible pasividad del inoperante Consejo G. del Poder Judicial, el corporativismo se volverá a imponer, y el ciudadano seguirá perdiendo derechos, mientras contempla impasible como se los van aplastando y negando al vecino. Aléjese de los palacios el que quiera ser justo. El segundo Juez, José Castro, ha dictado un Auto de imputación, contra el matrimonio Matas, su cuñado y un Presidente de Gesa Endesa, al mismo tiempo que sigue ordenando a la Policía Judicial que prosiga en sus pesquisas de averiguación y comprobación acerca del patrimonio de dicho matrimonio, sus gastos suntuarios y sus adquisiciones inmobiliarias. Como revela un periódico nacional, el delito imputado no se menciona en dicha resolución, sino que, simplemente se señala la convocatoria como imputados de tales personas para un día del próximo mes de marzo de 2010. O sea, durante cinco meses deberán continuar las investigaciones, y durante cinco meses unos imputados, con un evidente grado de notoriedad política y social, deberán aguardar su comparecencia, sin tener la seguridad de conocer de qué delitos se les acusa ni de que conductas están siendo recriminados penalmente. Si la conducta de Garzón merece el calificativo por parte de abogados de ser una manifiesta actuación ilegal del instructor, llamar como imputado a un ciudadano sin especificar qué delito se le imputa, no se alcanza a comprender qué calificación pueda tener. Sin duda alguna, el letrado defensor del ex presidente Jaime Matas, estará afilando su oratoria y su léxico para hallar la frase contundente que ponga las cosas en claro para su defendido y para una sociedad que, incrédula, contempla como mientras un juez se entromete ilegalmente en las comunicaciones, otro, se permite el lujo de citar con una antelación de cinco meses a unos imputados por no se sabe qué delitos. Seguramente tal tardanza será por problemas de agenda.
Anónimo Veneciano
