EL IMPUESTO REVOLUCIONARIO

Si algún día se desease recopilar la historia de esta última democracia, la de la Monarquía de Juan Carlos I, sin duda alguna el peso mayor en sus páginas estaría representado por la corrupción política que campa por todos los territorios de España. Alguno va diciendo que el sistema está podrido, lo cual puede ser cierto desde una perspectiva de pura aritmética electoral; otro que es el político el que está podrido, lo cual a la vista de todos los últimos o primeros acontecimientos puede ser también cierto; otros claman que ni sistema, ni clase política sino que es la entera sociedad la que está podrida y desquiciada, lo cual también puede ser una verdad tangible. Con tales precedentes tesis no resulta nada extraño que sea en Santa Coloma, sea en Valencia capital, sea en Sevilla, o en Palma de Mallorca, los casos de denuncias judiciales son el pan nuestro de todos los días. Y adentrándonos en la cuestión que deseaba plantear, si consideramos al político beneficiador como corrupto, al intermediario conseguidor, normalmente ex político, como también corrupto, al constructor o suministrador pagano, también debe considerársele corrupto. Y contra ellos actúa la justicia, y contra ellos se abalanzan los comités disciplinarios si es el caso. Sin embargo, ello sucede siempre a toro pasado. Y no en todas las ocasiones. Todavía es un recuerdo vivo la despedida de Vera y Barrionuevo por parte del aparato socialista ante las puertas de la cárcel de Guadalajara, con el corro de las patatas capitaneado por la ex de Felipe González. O la prebenda obtenida por el condenado Sala, el de Filesa, nada más cumplir una parte mínima de su condena. En otras palabras, el aparato del partido actúa siempre al socaire de la justicia y en completa disidencia con ella. A los gerifaltes les cuesta lágrimas de sangre reconocer lo podrido de sus propias alcantarillas, y se desgañitan cuando las aguas de la corrupción corren por las del adversario. En el primer caso hay que aguardar decisiones judiciales más firmes, en el segundo, una sola llamada del juez ya implica la petición inmediata de dimisión del imputado. Mientras en el segundo la vara es muy corta, en el primero, la vara no tiene fin. Y si reflexionásemos con cierta perspectiva no sería difícil añadir otro por qué a las causas de tan extendida conducta: el consentimiento del aparato. Consentimiento, conocimiento y aprovechamiento por parte de los dirigentes, en los estadios que sea. Los partidos no solamente se financian con las subvenciones del Presupuesto General del Estado, sino que también nutren sus arcas con las generosas aportaciones por parte de terceros, sean empresarios, sean autónomos sean particulares. Dejando de lado las cuotas de afiliación, con sus indudables niveles de morosidad, la obtención de créditos bancarios tienen el grave inconveniente de tener que ser retornados, excepción hecha de los 1.000 millones del PSC de Montilla a la Caixa. Siendo tantas las fuentes de ingresos, son superiores los manantiales del gasto, de ahí que haya surgido el tráfico de influencias, la figura del conseguidor, y el empresario más o menos avispado que logra una contrata, una obra pública, un suministro o una concesión, sabiendo a ciencia cierta que deberá abonar a ese conseguidor o a un tercero el I.R., impuesto revolucionario, en compensación de los esfuerzos y en agradecimiento por la atención recibida de la Administración correspondiente. Y todo ello se conoce y se acepta por parte de la tesorería de todos los partidos, y el i.r. engrosa sino en todo, en parte, las cuentas negras del partido a fin de atender los gastos de campaña o de funcionamiento diario. Es la corruptela del método lo que se consiente y acepta, y, cuando llega el momento, no se condena o sanciona, pues, hasta el jefe tiene conciencia y conocimiento de qué ha sucedido en la realidad. Ello con independencia, naturalmente, de cuando ese i.r. no llega a las cajas negras, sino que, sencillamente, queda retenido en las del mismo político y del conseguidor. Que de todo hay en la viña del Señor, evidentemente. Es decir, que mientras los aparatos, la tesorería de los partidos acepten el pago por la prebenda, por el favoritismo o la información privilegiada, el sistema seguirá podrido, la política seguirá apestando y el capital seguirá pagando para que sistema y política sigan podridos, sacando beneficio de ello. La solución no está, así pues, ni en el sistema ni en la política ni en la sociedad, sino en la implantación de una virtud que se aplica poquísimo, la honradez. Y el jefe, el líder, el secretario general, el tesorero, deben ser quienes den verdadero ejemplo y no consientan en nutrir las cuentas del partido con tales aportaciones ilícitas e deshonestas. Mientras ello no suceda, la ruina social y la corrupción política seguirán recorriendo los anchos campos de la vieja España. Y los altos cargos de los Partidos intentarán por todos los medios que escampe pronto y rogarán al Dios en el cual no creen para que surja otro caso que haga olvidar el que están sufriendo. Y de paso, haciendo lo posible e imposible para que ese conseguidor o político pillado no cante demasiado.

Anónimo Veneciano

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